Un debate se ha instalado en los cuerpos deliberativos sobre el cierre de 2019: ¿se debe prohibir la venta de pirotecnia a nivel provincial o municipal? ¿Sería mejor regular su uso? ¿Hacen falta nuevas normas o bastaría con endurecer los controles?

Los distritos en los que se avanzó con medidas restrictivas poco antes de los festejos por Navidad poco pudieron hacer para impedir que proliferaran locales clandestinos, improvisados en algunas veredas. Sin embargo, en parte por dichas disposiciones y sus fundamentos -sobre todo, el efecto nocivo de los estallidos a altos decibeles en personas y animales-, se observó una fuerte tendencia a la baja en la utilización de los fuegos artificiales sonoros. Distintas fuentes consultadas por LA GACETA advirtieron que esa disminución también estaría vinculada con la suba generalizada de los precios al consumidor y la crisis económica que atraviesa a la sociedad. Consecuencia de todo esto, como se observa en nuestra edición de hoy, es que se ha registrado una caída del 60% en los heridos por el uso de la pirotecnia en uno de los principales hospitales de la provincia.

El creciente número de intendencias y cuerpos municipales que resolvieron dar un paso adelante y avanzar sobre la cuestión de los fuegos artificiales sonoros -algunos con disposiciones ya vigentes, otros en los que las medidas comienzan a regir este año- se enmarca a la vez en una corriente nacional que busca concientizar con respecto a las consecuencias de los estruendos. Enfermos cardíacos, veteranos de guerra, personas con discapacidades cognitivas o neurológicas -que no pueden comprender la causa de las explosiones-, personas que padecen TEA y TGD, y bebés, niños o individuos en general con mayor sensibilidad auditiva, además de los animales, están entre los grupos que padecen por la sonoridad de los estallidos.

En paralelo a lo resuelto en las administraciones locales, en la Legislatura se acumulan distintos proyectos referidos a los fuegos artificiales. En la previa a la última sesión de 2019, en Labor Parlamentaria, legisladores propiciaron que se avanzara con una ley de “pirotecnia cero”. En esa reunión, uno de los representantes del pueblo, padre de un niño que presenta trastorno del espectro autista, relató ante sus pares lo que experimenta su hijo cada vez que resuenan las bombas de estruendo. Pero aclaró que había estudiado el asunto y la sola prohibición de la venta podía colisionar con normas superiores que habilitan la comercialización de cohetes. Por eso, propuso que se dispusiera un régimen de venta libre y venta controlada de pirotecnia, según los decibeles que generen los productos durante los estallidos. Cualquiera sea el camino, la Cámara, de sancionar una iniciativa en ese sentido, debería esperar que el Ejecutivo promulgue la norma, y que la autoridad de aplicación asignada disponga la reglamentación de rigor.

Según un sondeo online efectuado por LAGACETA.com, el 79% de los lectores consideraba que se debe vedar la pirotecnia sonora. El 8%, que habría que reforzar la concientización. Y el 14%, que utilizar o no pirotecnia es algo que debe decidir cada persona. Por lo pronto, se trata de un debate relevante para 2020, que requerirá de medidas adoptadas con antelación a la celebración de las próximas fiestas de Fin de Año. El desafío de fondo, como suele ocurrir con normas de estas características, es que finalmente el ciudadano pueda ponerse en el lugar del otro.